a.- El régimen de incompatibilidades de los Concejales viene regulado en diversas leyes pero fundamentalmente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

De acuerdo con la LOREG se viene a establecer que las causas de inelegibilidad de los concejales son también causas de incompatibilidad, y además enumera otras actividades incompatibles con el cargo de concejal. De acuerdo con esto, la función de concejal es incompatible con otros cargos públicos, por ejemplo, con el desempeño de un puesto de alto cargo en la Administración del Estado o de la Administración de Justicia; o también con determinadas actividades privadas, por ejemplo, con la de abogado o procurador que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra el Ayuntamiento --salvo cuando sea el propio concejal el que ejerce la demanda contra el Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.1.b)  de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985--; o con la de contratista o subcontratista de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo del Ayuntamiento.

Por su parte la LRBRL establece en su artículo 75 para los concejales que tengan asignada dedicación exclusiva, la doble incompatibilidad establecida para los empleados públicos al servicio de las Administraciones públicas, a saber, en primer lugar, se prohíbe que puedan obtener otras retribuciones con cargo a los presupuestos públicos con las excepciones previstas en la Ley 53/1984, que es lo que se conoce como incompatibilidad retributiva. En segundo lugar, dicho precepto indica que la función de concejal es incompatible con el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Tabla de dedicación de los concejales del Ayuntamiento de Guadarrama.

b.- La regulación de las incompatibilidades de los Empleados Públicos se establece con carácter general en la Ley Orgánica 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas Ley  que parte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. La operatividad de un régimen general de incompatibilidades exige, como lo hace la Ley, un planteamiento uniforme entre las distintas Administraciones Públicas que garantice además a los interesados un tratamiento común entre ellas.

Acuerdos sobre compatibilidades varios empleados publicos.